BARCELONA BRUTA


La realidad mostrada de esta Barcelona, los turistas los buscan para fotografiarlos, los Politicos los necesitan para "acojonar" a la clase trabajadora, pues es la muestra de que se puede acabar peor si se resisten al sistema de su Dictadura escondida.

AMASDES

viernes, 23 de junio de 2017

No tiene desperdicio.....

 



https://perspectiva.ccoo.cat/una-reflexion-sobre-los-servicios-sociales-en-un-contexto-de-crisis/


Una reflexión sobre los servicios sociales en un contexto de crisis

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Carolina Recio Cáceres
Profesora asociada Universitat Autònoma de Barcelona e investigadora del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)



Hace pocos meses fue noticia un pequeño altercado en el Centro de Servicios Sociales del barrio de Ciutat Meridiana, de la ciudad de Barcelona. Más allá del eco mediático y la criminalización del movimiento vecinal, aquel hecho puso de manifiesto lo que muchas veces desde los territorios, desde asociaciones de profesionales de los servicios sociales, y/o sectores vinculados a la investigación académica hacía años que denunciábamos: la necesidad de repensar el modelo de servicios sociales. En el año 2000 parecía que todo empezaba a moverse con la aprobación de la conocida Ley de Dependencia y la aprobación de la Ley de Servicios Sociales en Cataluña. Si bien esas dos normativas caminaban hacia una concepción universalista de los servicios sociales, pasados ​​los años se ha demostrado que no fueron un motor real de cambio, ya que en su redactado final y sobre todo, en su aplicación, no se rompía con un modelo de servicios sociales caracterizado por la escasez de recursos, la centralidad de las mujeres de las familias en las tareas de cuidado de las personas y la dependencia de entidades privadas para la gestión de los servicios.
En 2015, en un contexto de crisis, los déficits de los servicios sociales son mucho más evidentes. Cada vez hay más personas que viven en situación de emergencia social permanente y los servicios sociales deben atender a un abanico más amplio de problemáticas. Sin embargo, es necesario hacer una reflexión sobre los límites de los servicios sociales, unos límites que van mucho más allá de la falta de recursos y que tienen que ver con la concepción del propio modelo social. Un modelo todavía muy deudor del carácter familista de la sociedad española y enfocado hacia la individualización de las problemáticas.

La tradición de los servicios sociales

Los servicios sociales nunca estuvieron pensados ​​ni diseñados para ser uno de los grandes sistemas del estado del bienestar como la educación y la sanidad. Desde el feminismo se ha señalado que el cuidado cotidiano de las personas nunca formó parte de los pactos para la construcción de los sistemas de bienestar europeos. Los estados del bienestar y el pacto capital-trabajo se construyeron sobre la aceptación de la división sexual del trabajo. Décadas más tarde, con los cambios en los mercados de trabajo, las transformaciones de las estructuras familiares y el envejecimiento de la población, los servicios sociales han tenido que hacer frente a los cambios, ampliando y revisando los servicios y las prestaciones. Sin embargo, su desarrollo tardío coincidió en el tiempo con el avance de políticas neoliberales que apostaron por una consolidación de sistemas de servicios sociales no universalistas y por la privatización de la gestión de los servicios.
En España y Cataluña los servicios sociales se han definido tradicionalmente por su asistencialismo, que quiere decir que el acceso a los servicios no es universal, sino que sólo ciertos grupos pueden acceder a determinados servicios y prestaciones. Para acceder a ella hay que demostrar que se reúnen las condiciones para poder ser titular del servicio o de la prestación. Por tanto, existe una lógica de comprobación de medios, en el que continuamente tienes que demostrar que eres suficientemente pobre para poder tener una prestación. Este esquema tiene un impacto importante sobre los imaginarios de las personas hacia los servicios sociales. Entre aquellas personas que no son usuarias se instala un sentimiento de rechazo por tener que pagar, vía impuestos, por unos servicios que nunca podrán utilizar. Asimismo, hace que otras personas, ante el temor de ser controladas socialmente y la connotación negativa de los servicios, rehúyan de las ayudas, servicios y prestaciones. Ser pobre es un estigma, y ​​los servicios sociales son servicios para pobres. Por otra parte, cabe señalar que los servicios sociales vienen de una tradición familista del estado del bienestar. Este factor implica que generalmente los servicios y las formas de acceder continúan pensándose bajo el ideal “en casa y con la familia”, que quiere decir que prevalece la máxima de que la institución familiar es quien debe resolver las necesidades de atención a las personas. De nuevo esta tradición también forma parte de los imaginarios colectivos, tanto de usuarios como de las personas profesionales. Este aspecto es muy evidente en el ámbito de la dependencia, donde a menudo se han promocionado y proporcionado ayudas vinculadas al cuidado informal por delante de otras soluciones que rehúyen la centralidad de la familia en las tareas de cuidado, por ejemplo, soluciones residenciales de diferentes tipos. En este breve repaso histórico no hay que olvidar el papel central de la Iglesia católica en el proceso de construcción del sistema de servicios sociales español y catalán. De hecho, personas expertas en la historia de los servicios sociales señalan que Cáritas fue precursora de los servicios sociales en España; en 1957 la organización religiosa crea la Sección Social de Cáritas Nacional con la intención de superar “la acción benéfica” y sustituirla por “la acción social” – actividades técnicas de atención asistencial, organizaciones cooperativas, iniciativas de desarrollo social de grupos y promoción de equipamiento social de las comunidades. El papel central de la iglesia católica en la provisión de servicios también ayuda a entender la persistencia de un cierto carácter caritativo en la provisión de prestaciones y servicios sociales.
Finalmente, en este repaso de los elementos que definen la cultura de los servicios sociales no hay que perder de vista la historia propia en Cataluña y la contribución especial de los 23 años de gobierno pujolista para la construcción de un sistema residual, privatizado y defensor de la familia como eje vertebrador de la sociedad catalana. A modo de ejemplo, cabe recordar que la ley de servicios sociales del año 1994 fue la primera ley autonómica en dotar de un papel central a organizaciones privadas y de limitar la autonomía local en la prestación de servicios, dando más poder a los Consejos Comarcales. Como explica el sociólogo José Adelantado, los gobiernos de CiU contribuyeron a crear un modelo de servicios sociales “jerarquizado, reglamentarista, asistencialista y burocrático”.

¿En qué punto estamos?

Si hacemos caso a la historia y los rasgos que definen los servicios sociales, es más fácil entender las limitaciones que hoy en día tienen los servicios sociales para poder ofrecer servicios que procuren bienestar a la ciudadanía. Hay que situar la problemática histórica de los servicios sociales en un contexto de crisis económica caracterizado entre otras cosas por: el empeoramiento de las condiciones de trabajo avaladas por la aprobación de reformas laborales y el ataque contra los procesos de negociación colectiva , las políticas continuadas de recortes de los servicios públicos que han afectado tanto a usuarios como personas trabajadoras, el fin del modelo de crecimiento basado en la construcción y el impacto de políticas de vivienda que se han manifestado nefastas para la vida de las personas, etc. En definitiva, la promoción de políticas de austeridad está generando sociedades más desiguales donde se incrementan el número de personas que viven sin trabajo o con un trabajo precario con sueldos de miseria, con dificultades para mantener una vivienda, con dificultades para poder hacer frente a servicios básicos como es el suministro de agua, luz o gas. Todas estas cuestiones han puesto en evidencia todas las carencias que ya eran propias de servicios sociales y las han agravado, ya que además de tener que seguir atendiendo temas que les eran propios, ahora estando gestionando otras áreas que les son nuevas: ayudas para el comedor escolar que en teoría debería ser competencia de Educación, la gestión de aspectos de emergencia habitacional, competencia que correspondería a Vivienda, o ayudas alimentarias que tienen los bancos de alimentos como recurso básico, unas ayudas que tradicionalmente gestionaban autónomamente entidades sociales – principalmente órdenes religiosas – y que actualmente entran también dentro del circuito de servicios sociales. Sin olvidarnos de que el sistema asistencialista supone, además, un largo laberinto de informaciones confusas, trámites y gestiones farragosas que son necesarias para acceder a servicios y prestaciones. Asimismo, los recortes también han afectado a las personas trabajadoras de los servicios sociales, sobre todo con la falta de recursos personales suficientes y la sobrecarga de trabajo, y también la angustia personal que supone tener que hacer frente a un número elevado y disperso de problemáticas sin tener una buena dotación de recursos. Esta falta de recursos se traduce en un colapso de los servicios que retrasa la intervención y en una incapacidad de respuestas globales para hacer frente a las necesidades sociales. Todas estas cuestiones obligan a hacer reflexiones profundas y que deben ir más allá de la denuncia de la falta de recursos, ya que el problema de los servicios sociales es un problema de concepción de modelo de sociedad y de forma de pensar, diseñar e intervenir políticamente.
La individualización, el éxito personal y el ascenso social como perspectiva son hoy en día valores incuestionables. Valores reforzados por discursos sobre la excelencia y el valor del conocimiento y la calificación técnica, discursos aceptados y compartidos por amplias capas de la población. Sin duda, esto también está detrás del modelo de servicios sociales, de la concepción de persona usuaria y de su relación y uso de los servicios y prestaciones. El discurso, a menudo hegemónico, entiende que las ayudas sociales deben facilitar el diseño de estrategias individuales para salir de su situación de pobreza. Este posicionamiento no tiene suficientemente en cuenta el contexto en el que se vive y los recursos con los que se cuenta (culturales, simbólicos, económicos, etc.) para poder diseñar una estrategia satisfactoria. Esta concepción se fundamenta en el éxito individual, y olvida la vieja idea de la dignidad de la clase obrera; como bien explica Owen Jones en su libro sobre la demonización de la clase obrera en el Reino Unido, lo que se potencia y lo que se desea es dejar de ser clase obrera, serlo se criminaliza ya que, bajo el paradigma del éxito , implica que los individuos no se esfuerzan por mejorar su situación social. Una criminalización reforzada por estereotipos mediáticos muy potentes –  por ejemplo, la imagen de la “choni” o el “poligonera”, jóvenes sin formación y con prácticas culturales cuestionables -. Esta concepción también forma parte de cómo se piensan y cómo se articulan las políticas sociales, estigmatizando a aquellos que se consideran pasivos en el modelo hegemónico sobre la emprendeduría personal. Los que no son proactivos y parecen tener dificultades para tejer estrategias individuales son a menudo tachados de aprovechados del sistema: personas que viven de las rentas mínimas, que sacan provecho de las ayudas con malas prácticas (por ejemplo haciendo un “mal uso” de los bancos de alimentos) y que no hacen nada para encontrar un nuevo trabajo. Esto puede ayudar a entender el diseño concreto de las políticas públicas de servicios sociales. Son políticas que se traducen en ayudas puntuales, de carácter parcial y con una capacidad relativa de promoción de mejoras en las condiciones de vida. Ofrecer ayudas alimentarias, ofrecer soluciones habitacionales temporales, ayudas para pagar servicios básicos, o dinero para pagar el cuidado informal de la persona dependiente son medidas paliativas, pero que en ningún caso ayudan a salir de la situación de necesidad.
La reflexión sobre los servicios sociales también implica pensar en cómo se están gestionando estos servicios. El modelo aceptado es el de la externalización y privatización de la gestión de los servicios. El ataque neoliberal hizo creer que al externalizar la gestión del servicio a entidades privadas – entidades mercantiles y del tercer sector social – se prestaría un servicio más eficiente y con menos costes para el estado. Una visión bien aceptada tanto por las grandes empresas que hoy están presentes en el sector como por parte de un tercer sector que se ha expandido gracias al desarrollo de nuevos servicios públicos. Aunque no existen evidencias sobre las bonanzas de este sistema ni que resulte una buena opción económica. Al contrario, la privatización de la gestión tiene muchas sombras tanto desde la perspectiva de la calidad del servicio que se presta como desde el punto de vista de la calidad de la ocupación que se genera. El sistema de gestión se ha basado en muchos casos en el abaratamiento de costes, es decir, en la expansión de un sistema de servicios de bajo coste, que ha facilitado la entrada de grandes grupos empresariales del país y ha sido bien aceptado por la gran red de entidades del tercer sector del país. Además del coste, la problemática de la externalización plantea déficits desde el punto de vista del seguimiento y control del servicio prestado por parte de la entidad gestora de los servicios. En este sentido y a modo de ejemplo, nos podríamos encontrar que una entidad que ha sido denunciada por incumplimiento de convenio se vuelve a presentar y ganar un concurso público de gestión del servicio. Desde el punto de vista de las condiciones de trabajo hay que decir que es un sistema nefasto ya que esta competición a bajo coste se traduce en salarios bajos, malos horarios de trabajo, tener que renegociar condiciones cada vez que se cambia la entidad que gana el concurso de gestión, etc. No hay que olvidar que aquellos servicios externalizados han sido los más intensivos en trabajo y aquellos donde el contenido del trabajo es considerado no cualificado por su proximidad al trabajo invisible de cuidado informal de las personas.

Ideas para repensar los servicios sociales

Es urgente repensar los servicios sociales y las políticas sociales. En primer lugar, es insoslayable la defensa de un sistema de acceso universal a los servicios sociales, ya que es absolutamente necesario para la construcción de una sociedad igualitaria desde la perspectiva del derecho. En la sociedad actual no aceptamos que una persona que esté enferma no reciba ningún tipo de atención médica, o no aceptamos que ningún niño se quede sin escolarizar. Sin embargo, asumimos con tranquilidad la no respuesta por parte de los servicios sociales, asumimos que un abuelo o abuela no sólo no tenga acceso a una plaza residencial pública, sino que los servicios sociales no colaboran en la búsqueda de soluciones alternativas. Aceptamos que se nos pregunte si la persona dependiente tiene familiares que se pueden hacer cargo, especialmente mujeres. Es necesario, por tanto, una revisión profunda del modelo que conduzca al reconocimiento del derecho individual a recibir una atención adecuada. Evidentemente, este cambio conceptual no será posible sin un cambio radical de otras instituciones y políticas públicas. Son necesarios, por tanto, cambios en las políticas laborales, en los sistemas impositivos y en el reparto de la carga total de trabajo que implique una redistribución más igualitaria de los tiempos y trabajos entre hombres y mujeres.
Repensar los servicios también significa apostar por la re-municipalización de servicios personales. Un reto ambicioso, sobre todo si tenemos en cuenta la actual reforma de gobiernos locales que elimina competencias municipales para la gestión de servicios sociales y la histórica infradotación de recursos a los gobiernos locales. Apostar por repensar el modelo aceptado de externalización de los servicios tiene que ver con la necesidad de mejora del servicio, que integrándose de nuevo al sistema público podrá ofrecer una atención más multidisciplinar e integrada mejorando, además, las condiciones de trabajo de las trabajadoras. Trabajar en equipos integrales y recuperar la gestión seguro que también facilitaría un cambio en el tipo de servicio más centrado en las necesidades de las personas.
Finalmente, hay que repescar el espíritu de los primeros años 80, de efervescencia del trabajo social. En este sentido, sería bueno apostar por una perspectiva de trabajo en red entre agentes y entidades de los territorios, de trabajo de calle, de trabajo diagnóstico de la situación individual y contextual. Las personas que se dedican al trabajo social no pueden ser gestoras de la miseria y guardianas de un orden social injusto. Hay, pues, que pensar que la ciudadanía debe ser más incisiva en la defensa de los servicios sociales ya que son servicios que nos proporcionan bienestar a todas las personas, pero también los profesionales tienen el deber y la responsabilidad de denunciar los déficits. Un buen ejemplo lo hemos visto en esta última semana con la protesta de los trabajadores sociales municipales de Barcelona que se han negado a jugar un papel colaborador en los procesos de desahucio, porque entienden que su labor debe ser preventiva de las situaciones. Esto nos obliga a situar el cuidado de las personas en el centro de la concepción política del sistema y de las demandas sociales, sólo así entenderemos que con los servicios sociales nos jugamos el bienestar de la sociedad.

Una arma contra la corrupción.....


http://www.elnacional.cat/es/sociedad/bustia-etica-barcelona-corrupcion_132516_102.html


"Los potenciales corruptos no tendrán descanso y tendremos los mecanismos para poder perseguirlos en caso de que cometan alguna irregularidad". Así de contundente el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, responsable en derechos civiles y en transparencia, Jaume Asens ha presentado el Buzón Ético para denunciar comportamientos sospechosos de cometer irregularidades. Una herramienta pionera en Catalunya, el Estado y Europa.
Se trata de una herramienta de vigilancia del comportamiento de los cargos electos y funcionarios, de las entidades vinculadas al consistorio, las fundaciones y consorcios, sociedades y entidades que contratan con el Ayuntamiento y entidades y asociaciones que reciban subvenciones.
El Buzón Ético complementa el paquete de medidas anticorrupción y por la transparencia que ha diseñado el gobierno de Barcelona y que se está poniendo en marcha desde hace un año y medio. Junto con la Oficina de Transparencia y el Código de Conducta, pendiente todavía de aprobación, el Buzón Ético es la herramienta clave para detectar irregularidades y cursarlas penalmente si hace falta. En este sentido, el caso de Fomento de Construcciones y Contratas, que está investigando la Fiscalía por servicios facturados en el Ayuntamiento y no realizados, sería mucho más rápido de detectar, según ha destacado en la presentación el director de la Oficina de Transparencia, Joan Llinares.
"Siempre hemos dicho que no hay poder bueno y malo –ha dicho Asens–. Todo poder tiende a acumularse si no se le pone límites, por eso hacen falta mecanismos de control, control interno y control externo, y siempre hemos dicho que por eso el papel de la ciudadanía activa es imprescindible. No par que estemos nosotros que ya veníamos de estos espacios de vigilancia ciudadana, tiene que bajar la guardia".
Jaume Asens destaca que la herramienta no sólo pretende el control de externos en el Ayuntamiento, sino que vigila los propios cargos electos: "Se una herramienta que nos hace más transparentes y más vulnerables. Hemos tomado una serie de medidas, las agendas, por ejemplo que nos controlan más, pero también nos hace más fuertes democráticamente y permite evitar usos particulares como se han producido en otros organismos de control como es la Oficina Antifrau de Catalunya".
Barcelona es la primera ciudad en tener una herramienta de estas características y quiere ser "un ejemplo a seguir para otras administraciones", ha destacado Asens. Y por eso se trabaja con un software libre, un software que además garantiza el anonimato en las denuncias y que además se pueden cursar de manera legal. El concejal ha puesto en valor toda la estructura de transparencia del consistorio: "Esta pieza que anunciamos es una pieza, sino la más importante, una de las más importantes de toda la arquitectura que a lo largo de este año y medio hemos creado para luchar contra la corrupción".

El anonimato, clave

El principal motivo por el cual no se denuncian ciertos comportamientos es "el miedo", según ha destacado Llinares. Pero "la denuncia anónima es una herramienta imprescindible ante de la desigualdad en la que se encuentran los ciudadanos y aquellos que viven en torno a la corrupción", ha expuesto el director de la Oficina de Transparencia. Por este motivo se ha trabajado para garantizar que las denuncias anónimas sean válidas ante la ley.
Además la persona que denuncia tendrá un código que, además, le permitirá hacer seguimiento de su denuncia y comunicarse, identificarse si quiere, y mantener diálogo en el momento en que vaya avanzando el caso o, por el contrario quede parado.
Técnicamente se utilizará un programación libre y la red Tor.

¿Cómo funciona?

- El Buzón Ético tiene acceso directo desde el portal de Transparencia de la web del Ajuntament de Barcelona.
- Haciendo clic en la pestaña de "Comunicaciones anónimas" ya se puede hacer la denuncia.
- A partir de la denuncia se activa el inicio de un procedimiento administrativo que estará dirigido por la dirección de análisis, una de las tres patas que forman la oficina de Transparencia, y que tendrá un carácter confidencial.
- Se hacen las comprobaciones para evitar denuncias falsas e injuriosas y se dará procedimiento desde el punto de vista legal si constituye un delito. Hay que mejorar la administración para que no se utilice de manera desviada", ha destacado Llinares.
- Las personas que asumen la gestión del Buzón Ético son funcionarios de carrera seleccionados en concursos abiertos. Los cargos electos y los cargos de confianza no participan.
- Si llega una denuncia que hace referencia a otra institución se le transmitirá, y si hay indicios penales, se llevará directamente a la Fiscalía.
Mañana a las 10 de la mañana entra en funcionamiento el buzón, que durante todo el día de hoy está en pruebas. El Buzón Ético funciona con dos funcionarias que han accedido mediante un concurso público. El coste de la herramienta es de 50.000 euros. La herramienta ha sido diseñada por X.Net.

y......



http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/millar-voluntarios-peina-barcelona-recuento-sintecho-6044055

Masss....



http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/05/18/catalunya/1495110054_452713.html


El número de ‘sin techo’ en Barcelona bate otro récord pese a la recuperación económica

El recuento total de personas sin hogar en la capital alcanza a 3.395 personas


Más de un millar de personas, en concreto 1.026, durmieron anoche en las calles de Barcelona. Los datos del recuento de sin techo que se llevó a cabo la pasada madrugada por la Red de Atención a Personas Sin Hogar (XAPSLL), con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, no invitan al optimismo. A estas 1.026 personas hay que sumar las 1.954 que lo hicieron en equipamientos de entidades sociales y municipales y las 415 que pasaron la noche en asentamientos irregulares. En total, 3.395. La cifra es alarmante y muestra como el panorama se ha agravado con el paso de los años: el número de sin techo casi se ha doblado desde el inicio de la crisis.
El primer recuento se efectuó en marzo de 2008. Entonces, los voluntarios detectaron 1.869 personas sin hogar (658 dormían en la calle, 955 en albergues y 256 en asentamientos). Tres años más tarde, en noviembre de 2011, la cifra era de 2.791 personas sin hogar (838 en la calle, 1.258 en albergues o pisos de inclusión y 695 en asentamientos). En mayo del 2016 la cifra alcanzó los 3.231 (941 durmiendo en las calles, 1.907 en diferentes recursos residenciales y 383 en asentamientos).
En el recuento del pasado miércoles participaron 998 voluntarios. Sandra, Berta y Quique —de la asociación Prohabitatge de Terrassa— peinaron el espacio que delimitan las calles València, Rocafort, Urgell y Gran Via. “En este papel señalo si el sin techo es hombre o mujer, si duerme en grupo o no, si les acompañan animales...”, explicó Sandra mientras mostraba un documento. Cuando el reloj marcó la media noche empezaron a recorrer las calles acompañados por un miembro del Samur Social de Madrid: “Venimos a aprender, creo que la división en puntos que se hace es positiva. Lo que no veo bien es que no se hable con los sin techo. No se rellenan encuestas que nos dé pistas sobre los problemas que tienen”. El grupo llevaba rastreadas nueve manzanas del Eixample y la cifra ya superaba la decena de indigentes. Algunos dormían juntos y siempre acompañados de su carrito de supermercado con el que recogen chatarra.
Maite Mauricio, una de las portavoces de XAPSLL, apunta que este incremento, que también se da en otras ciudades europeas, se debe "al enquiste de la crisis económica”, que ha provocado la expulsión del hogar por la imposibilidad de hacer frente al alquiler o la hipoteca, la inexistencia de un parque público de vivienda suficiente para dar respuestas a las necesidades sociales y la precarización del mercado laboral.
“Necesitamos un gran consenso que transcienda mucho más del municipio para abordar el fenómeno de sinhogarismo. Es inaplazable un marco regulador donde la vivienda sea un derecho y se pongan límites al incremento del alquiler. Lamentablemente tenemos un ministro (en referencia al titular de Fomento, Íñigo de la Serna) que no ve necesario regular el alquiler y Puigdemont tampoco lo ve claro. Así, la ciudad seguirá excluyendo personas”. se ha quejado la tercera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Ortiz.

LA OPOSICIÓN, CRÍTICA CON LA POLÍTICA DE COLAU

ALFONSO L. CONGOSTRINA
Después de que el recuento batiera un nuevo récord creciendo el número de sin techo en la ciudad, la oposición ha criticado las políticas de Colau.
La concejal del PDeCAT en el Ayuntamiento de Barcelona Maite Fandos ha lamentado: “Dos años después de la llegada del gobierno de Ada colau hay muchas más personas viviendo en las calles. Se demuestra, una vez más, que la política de escaparate del gobierno de la ciudad no trabaja a favor de las personas, ni siquiera de las que tienen más dificultades. Sus promesas electorales quedan desautorizadas por la realidad que es tozuda y que demuestra que estamos mucho peor que hace dos años”. Fandos apuesta por no bajar la guardia y priorizar e innovar con nuevos programas y la construcción de equipamientos y pisos de inclusión para las personas sin hogar. “No han programado nada nuevo, más allá de los que dejamos previsto nosotros. Desgraciadamente, la ciudad y, sobre todo, los más vulnerables comienzan a notar los efectos de la no política social de Colau”, ha remarcado la concejal. Fandos ha concluido: “Las políticas del Gobierno de BComú, centradas en el decrecimiento económico de la ciudad, son una condena para los más desfavorecidos, una amenaza permanente para las clases medias y una broma para los ricos”.
La líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías, aseguró: “Esta cifras son la constatación de que hacer frente a las emergencias sociales y a las desigualdades no es una prioridad para Colau. Decir que el aumento de los alquilares el responsable del aumento de personas sin hogar es pura demagogia porque los alquileres se han disparado desde que ella es alcaldesa”.
La concejal del PP, Ángeles Esteller, ha remarcado: “Colau desde que llegó no para de contar personas que viven en la calle pero luego no hace nada, sigue con su política de gesticular y criticar a terceros”. Esteller recuerda que el gobierno de Colau tiene 75 solares vacíos en los que no construye vivienda social.
Por otro lado, la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha exigido más recursos y medidas urgentes para atender a las personas sin hogar. La Síndica, en declaraciones a Europa Press, ha abogado por trabajar más en el ámbito de la prevención –con medidas como ayudar al alquiler- para evitar que más personas duerman en la calle.Vilà ha pedido medidas para tratar de evitar que los casos actuales se cronifiquen.

martes, 20 de junio de 2017

Sirve para algo?...


http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/es/quienes-somos

Sirve de algo?...


http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/es/noticia/la-experiencia-de-las-personas-sin-hogar-clave-para-encontrar-soluciones

El abuso en los sueldos del Ayuntamiento...


http://www.sueldospublicos.com/texto-diario/mostrar/404343/es-el-que-mas-cobra-en-el-ayuntamiento-de-barcelona


Casi 60 altos cargos públicos de la Ciudad Condal tienen un sueldo más alto que el presidente del Gobierno.

El Ayuntamiento de Barcelona tiene, actualmente, 58 altos cargos que cobran más que el presidente del Gobierno, que cuenta con una asignación de 78.966 euros brutos anuales para este 2016. La alcaldesa, Ada Colau, es una de ellas, ya que tiene fijada una retribución de 100.000 euros brutos al año. El desembolso es el máximo previsto por ley, aunque, según especifica el portal de transparencia local, Colau recibirá 30.800 euros este ejercicio, a razón de 14 pagas de 2.200 euros. Por el momento, se desconoce el destino que dará a los casi 70.000 euros restantes. Los datos los tienes en la página web municipal.

Lo mismo ocurre con el resto de ediles de Barcelona en Comú, que tienen esta misma limitación salarial. A pesar de ella, el coste para las arcas municipales será de 98.192 euros para los cuatro tenientes de alcalde y de 84.532 euros brutos para los seis concejales de la formación. En todos los casos, su asignación supera a la del presidente del Gobierno.

Además, el ex alcalde y líder de CiU en el consistorio, Xavier Trías, también cobrará más que el presidente del Ejecutivo, ya que como portavoz recibe 92.600 euros. El mismo importe cobrarán Carina Mejías (Ciudadanos), Alfred Bosch (ERC), Jaume Collboni (PSC)Alberto Fernández Díaz (PP) y María José Lecha (CUP). Esta última también tiene limitado su retribución a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional, por lo que dona parte de su sueldo.

Por su parte, el actor y concejal de ERC, Juanjo Puigcorbé, no supone ni un euro en gasto al Ayuntamiento de Barcelona. Según lo publicado, tiene una retribución anual de 79.369 euros brutos en calidad de diputado del Gobierno de la Diputación y ha renuncia al sueldo del Ayuntamiento y al ingreso por asistencia a plenarios y comisiones, valorado en 32.616 euros anuales.

Cinco ‘cienmiluristas’ en el Ayuntamiento
No sólo superan al jefe del Ejecutivo en la corporación municipal, sino que también otros cargos no electos tienen sueldos mayores. El alto cargo mejor pagado es Ignasi Armengol i Villàdirector general de Barcelona Servicios Municipales, que cobra más del doble que el presidente del Gobierno, con un salario de 168.201 euros. Según los datos del portal de transparencia municipal, de este importe 129.000 euros corresponden a la retribución base; 20.941,06 euros al complemento del puesto de trabajo y los otros 18.273 euros son retribución variable.

Le sigue Ángel Sánchez Rubiodirector general de Barcelona de Infraestructuras Municipales (BISMA), con un salario que supera los 120.000 euros anuales. También cobran más de 100.000 euros al año José Enrique Tejedo Fernández, director general de Mercabarna (105.000), y Jordi Valmaña Corbella, director general de Cementerios de Barcelona, Sergi Vicente Martínez, director de Información y Comunicación de Barcelona, y Marta Clari Padrós, gerente del Instituto Municipal de Deportes.

Por encima de los 90.000 euros están el gerente de Tratamiento y Selección de Residuos y el director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. Estas cifras contrastan con los poco más de 50.000 euros que reciben la directora del Consorcio Instituto de la Infancia y el Mundo Urbano y la directora del Parque de Atracciones Tibidabo.


lunes, 12 de junio de 2017

Se abrio un nuevo albergue especial....



http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/barcelona-abre-primer-albergue-para-sintecho-especializado-salud-mental-5881230

Barcelona abre el primer albergue para sintecho especializado en salud mental

El equipamiento, de 45 camas, ofrece estancias largas a personas sin hogar diagnosticadas con trastornos psiquiátricos

La Fundació Sant Pere Claver, gestora del espacio, en Hostafrancs, busca voluntarios para organizar talleres y salidas para arraigar la entidad al barrio

JUEVES, 16 DE MARZO DEL 2017 - 14:49 CET
El edificio, por fuera, tiene (buena) presencia. Sus enormes cristaleras le dan un aspecto de moderno hospital, por no decir de albergue juvenil (en la Barcelona del 2017 ese tipo de equipamiento no está precisamente bien visto, ya se sabe). Cal Muns, en el número 70 de la calle de Gavà, a dos pasos del viejo recinto fabril de Can Batlló, no es ni una cosa ni la otra, aunque podría decirse que tiene algo de las dos. Se trata de un centro residencial de inserción gestionado por la Fundació Sant Pere Claver, concertado por el Ayuntamiento de Barcelona. 45 camas (un albergue) para personas sin hogar que precisen de un seguimiento sanitario de salud mental específico (un hospital).
El equipamiento se inaugurará de forma oficial el mes próximo, pero los primeros usuarios seleccionados se han ido instalando en sus habitaciones -la mayoría individuales y con un mobiliario minimalista y colorido muy de hotel 'low cost'- en los últimos días. "Hemos querido ir abriendo las plantas de una en una, poco a poco", explica Carles Descalzi, gerente de Sant Pere Claver, entidad gestora del equipamiento, referentes en psiquiatría comunitaria.
El periodo de estancia media de los usuarios -de 18 a 64 años- en el nuevo albergue se prevé de dos a tres años. "El objetivo es la transición a la vida independiente. Que se estabilicen y se empoderen, o para ser independientes, lo que sería lo óptimo, o para volver a la red ordinaria, sin necesidad de un apoyo extra", prosigue Descalzi, quien destaca que el perfil de los usuarios tienen que tener presencia de enfermedad mental, diagnosticada o no, "que no esté en fase aguda". "Son personas que pueden realizar las actividades básicas de la vida diaria, incluido los desplazamientos de forma autónoma", prosigue Raúl Alcázar, director del centro.

RECURSO PIONERO

"No se trata de un albergue de primera acogida, sino para personas ya vinculadas a la red asistencial. Se trata de un recurso pionero no solo en Barcelona, sino en todo el Estado, del que estamos muy orgullosos, no solo por las plazas para personas vulnerables que se ganan, y el respiro que se podrá dar a otros centros de la red, sino por el paso adelante que supone en la cobertura de los servicios y la importancia del arraigo en el barrio en el que se levanta. Valoramos mucho la intervención comunitaria", subraya la teniente de alcalde de asuntos sociales, Laia Ortiz.
La edila encuadra también la apertura del centro al resultado del plan de lucha contra el sinhogarismo de Barcelona 2016-2020. "Para elaborar el plan trabajamos tanto con profesionales como con los propios sin techo, y la necesidad de abrir un centro de este tipo salió de allí", prosigue la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona.

EN Y PARA EL TERRITORIO

El albergue, en esa línea de la integración en la comunidad y de no aislamiento, ocupa las plantas tercera, cuarta, quinta y sexta -tres para hombres y una para mujeres- del edificio. En las bajas funciona -ya desde hace tiempo-, servicios de salud mental dirigidos al territorio. Ese es uno de los puntos fuertes del equipamiento. La Fundació Sant Pere Claver trabaja en los barrios de la Marina -justo al otro lado de la Gran Via- asuntos relacionados con la salud mental de colectivos altamente vulnerables, sobre todo de infancia en riesgo. "Nos dimos cuenta de que había que sacar la psiquiatría a la calle para llegar a quienes verdaderamente lo necesitaban. Que se tenían que hacer las cosas de otra manera. Salir de los centros e ir al territorio", expone Descalzi, cuya fundación trabaja también con el 'housing first', método a través del que gestionan 25 viviendas.
Este sistema busca conseguir que las personas atendidas cuenten con una vivienda, preferentemente individual, a la que tengan acceso sin condiciones previas. Los expertos consideran que desde esa estabilidad tendrán más oportunidades de alejarse definitivamente de la calle y de salir adelante.
Ahora, en esa misma línea, buscan voluntarios en el barrio para hacer talleres y actividades con los residentes tanto en el centro como en el barrio. El llamamiento, lo hacen, entre otras vías, a través del Secretariat d'Entitats de Sants. Quieren ser un equipamiento más en el barrio.


Abierto el nuevo Foro....



http://plataformaexclusion.foroactivo.com/

Otra iniciativa....



http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20170612/423339826156/fundacio-roure-economato-social.html



domingo, 11 de junio de 2017

Vivir en la calle "Mata"



http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/vivir-calle-mata-6093025

"Vivir en la calle mata"

Arrels realiza un censo cualitativo de las personas sin hogar para conocer los grados de vulnerabilidad

Los sintecho tienen una esperanza de vida 20 años menor que el resto de la población, explica el director de la entidad


BEATRIZ PÉREZ / BARCELONA
JUEVES, 8 DE JUNIO DEL 2017 - 19:39 CEST
Tiene 60 años, lleva 30 en Barcelona y hace dos décadas que duerme en la calleMás concretamente, en la entrada de un supermercado del Eixample. Laureano, de orígenes gallegos, acabó sin hogar por culpa de una ruptura familiar. Su desorientación es tal, que desconoce el año en que vive. "Nunca he ido a un albergue. Solo pido una habitación, y ya", sentencia.
Por segundo año consecutivo, Arrels Fundació ha llevado a cabo, durante las madrugadas de este miércoles, jueves y viernes, un censo cualitativo de las personas sin hogar en Barcelona. Según un recuento realizado en mayo por la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar (Xapsll), hay como mínimo 1.026 en las calles de una ciudad donde, además, hay unos 80.000 pisos vacíos. Así lo cuantifica el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Estos tres días se ha entrevistado al colectivo de 'sin techo' en una acción en la que unos 500 voluntarios de Arrels peinaron las zonas donde hay más contabilizados. Les realizaron una encuesta para conocer su grado de vulnerabilidad, los riesgos a los que están expuestos y qué casos tienen prioridad de ingreso en algún piso de la entidad, que tiene 75 en Barcelona (45 de ellos individuales).
"La calle es muy dura. Duermes con un ojo abierto y con otro cerrado. Es fácil darte a la bebida y a la droga", certifica Tete Erustes, voluntario desde hace 12 años que ha participado en el censo de este jueves. Tiene 54 años y vivió un lustro en la calle. "Un día Arrels me encontró en el cajero en el que dormía, fui con ellos y ya no me separé". Hoy, Erustes cobra una pensión, tiene un piso para él solo, hace teatro y trabaja diariamente en la entidad. Salir de la calle es muy complicado, pero no imposible.

ESPERANZA DE VIDA

"La gente que se nos muere en Arrels tiene una esperanza de vida 20 años menor. Vivir en la calle mata", explica Ferran Busquets, director de Arrels Fundació. "Con el censo cualitativo de estos días analizamos cómo se encuentra esta gente y también vemos cómo podemos aproximarnos a los más vulnerables".Las encuestas tienen 34 preguntas divididas en cinco ámbitos: edad, trayectoria de 'sinhogarismo', riesgos, relaciones sociales y actividades de la vida diaria y, por último, bienestar.
Tal y como explica Busquets, este es un problema, principalmente, de vivienda. "Al cabo del tiempo aparecen otros, como el alcohol, que la mayoría de las veces es la consecuencia, no la causa", matiza. El director de Arrels destaca que a menudo se estigmatiza a las personas sin hogar cuando se niegan a ir a albergues. "Muchos están mejor en la calle. Compartir habitación con mucha gente que está como tú puede ser muy difícil. Tampoco les dejan entrar con animales".
Arrels defiende el Housing Firstun modelo de atención novedoso en Europa que concibe la vivienda como un derecho humano y que parte de la idea de que, para que una persona sin hogar mejore, primero hay que ofrecerle un techo digno. El resto vendrá después. Al usuario solo se le exigen tres condiciones: que aporte una parte de sus ingresos, que acepte ser atendido por equipo de apoyo y convivencia con los vecinos.

PIS ZERO

"El Housing First funciona en el 80% de los casos. Para ese 20% hemos abierto el Pis Zero"un recurso con menos normas que cumplir y con capacidad para 10 personas en el Raval cuyo objetivo es dar alojamiento nocturno a quienes no se adaptan a otro recurso, añade Busquets.
Acabar en la calle puede ser más fácil de lo que parece. El paquistaní Zulfiqar, de 60 años, lleva cinco durmiendo en un portal del Eixample tras perder su trabajo. Tiene problemas en la pierna. "Me han robado a veces mi carro, a veces los zapatos", comenta. Va saliendo adelante con el dinero que le dan los viandantes y con la chatarra que vende. Es usuario de Arrels.

martes, 6 de junio de 2017

Futur.....Assis.....




http://www.futur.cat/es/


Joder, no estoy loco, en Rialejo, Granada prueba de alcohol y drogas para entrar en un albergue



http://www.ideal.es/granada/201706/05/vigilar-quien-tiene-nada-20170521014826-v.html


Vigilar a quien no tiene nada....

Tras nueve años haciendo noches en la casa de los 'sin techo', Salvador tiene la impresión de que cualquiera puede verse allí «de un día para otro».

Salvador Pérez tiene unas ojeras perennes. Es vigilante de seguridad y lleva nueve años haciendo noches en el albergue para 'sin techo' de Cáritas, en un edificio antiguo de tres plantas en mitad del barrio del Realejo. Allí hay camas para 80 hombres: los desintoxicados, los más ancianos y quienes se han quitado de la calle residen arriba; los que aún están tratando de normalizar su vida permanecen con una cama asignada en la segunda planta un tiempo; y los vagabundos -con problemas de adicciones y con dificultad para acatar normas- no pasan de la primera planta y de pocas noches.
En mitad de ellos, Salvador -'cabo' de la empresa Levantina de Seguridad- no ejerce como uno más de los 1.400 vigilantes de la provincia. Ni persigue ladrones ni custodia objetos de valor. Se encarga de mantener a raya y de cuidar, en desigual proporción, a quienes no tienen ni casa.
«Aquí hago más trabajo social que otra cosa. Yo le abro la puerta a los que piden cama si queda una libre, aunque sean las tres de la mañana. Les doy toallas, calcetines, calzoncillos, los acompaño a la ducha... Si no pueden entrar, les ofrezco una manta y si puedo un bocadillo», explica este vigilante, quien antes de dejar pasar a los solicitantes debe hacerles una prueba de alcohol y drogas.


«Si dan positivo no se enfrentan a mí cuando me niego a que pasen, porque ya conocen las normas. De aquí para dentro nada de drogas», espeta. En la tercera planta de este caserón, Salva vigila también a los integrantes del programa VAT, Viviendas de Apoyo al Tratamiento, para quitarse de la heroína.
Contra su voluntad, el consumo no siempre es de puertas para fuera. «Yo he pillado a gente fumando base (de cocaína) en el dormitorio y he tenido que echarlos a la fuerza». La 'base' es una droga de bajo costo similar al 'crack' elaborada con residuos de cocaína y procesada con ácido sulfúrico y queroseno.
Aunque, según su relato, no hay que llegar a las sustancias más duras para verse entre estas cuatro paredes, el sencillo cóctel alcohol, problemas económicos y emocionales ha llevado a dormir a cielo descubierto, por ejemplo, a prestigiosos abogados y a arquitectos. Salvador, con su Harley Davidson, con sus hijas, con su mujer, con su techo y comida caliente a diario está convencido de que «aquí es muy fácil entrar». «Si no tienes familia y te divorcias y tu mujer se queda con el piso y estás en paro... aquí te ves. Yo me lo planteo muchas veces», concluye.
Robos e intentos de suicidios
«A veces han desaparecido cosas y he tenido que subir a buscarlas, he asistido a intentos de suicidio con sobredosis de metadona y suele haber peleas, pero también es verdad que, sobre todo, he tenido a muchos hombres aquí en el mostrador conmigo echando horas y horas de charla...».
La empresa de 'Salva' -como lo llaman los usuarios del centro- está autorizada y homologada por el Ministerio de Interior para ejercer este servicio de vigilancia privada, pero él, como le ocurre en tantas otras ocasiones a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, emplea más la psicología que la porra. «Un par de veces le he dado mi número de móvil a los residentes y luego me llaman muy agradecidos», rememora con pudor.
El miedo es mal amigo de quien trabaja con personas al límite y el 'cabo' López ya ha aprendido que a la mínima de cambio debe marcar el 091 y no enfrentarse ni los residentes ni a los mendigos. «Algún encontronazo que otro he tenido y también me han pegado. Forma parte del oficio», explica este empleado de Levantina de Seguridad que no lleva arma.
«Anda, ábrenos la sala de estudio, que tenemos un curso y en la habitación común no podemos concentrarnos», le piden dos jóvenes con aspecto aseado que, tal y como les obliga Cáritas, están formándose para tratar de reinsertarse socialmente. Salva parece un 'segurata' blando y accede a ello. Él sabe de segundas oportunidades, darlas y recibirlas, porque precisamente llegó a trabajar a Cáritas tras quedarse en paro en el sector de la construcción.
«Aprendo mucho al convivir con ellos toda la noche, es una escuela. Aquí hay mucho dolor, injusticias, padres, ancianos abandonados, enfermos mentales, alcohólicos que llegan a nosotros en unas condiciones que es imposible comunicarse con ellos», se despide el vigilante.

lunes, 5 de junio de 2017

Clece



https://www.clece.es/es/

Suara Cooperativa.


http://www.suara.coop/es/





Sala de Prensa de Barcelona Bruta y Indigente Barcelona





Els 664 euros mensuals de la renda garantida

Els 664 euros mensuals de la renda garantida



La renda garantida de ciutadania (RGC) arribarà a 62.000 famílies el 2020, després d'una inversió d'entre 500 i 600 milions d'euros anuals. Així ho ha anunciat aquest dilluns la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, després de signar l'acord per la creació d'aquesta prestació de 664 euros mensuals per a les famílies més vulnerables.
Si els tràmits són àgils, aquest "dret subjectiu" podrà començar a aplicar-se aquest setembre als 29.000 beneficiaris de la renda mínima d'inserció, que serà substituïda per la renda garantida, i també a les 7.000 famílies monoparentals amb una feina parcial i amb un sou inferior a l'índex de renda de suficiència de Catalunya, de 664 euros. 
L'acord estableix que la prestació es començarà a pagar a les llars monoparentals el 15 de setembre i acabarà sent general per a totes les rendes del treball derivades de contractes a temps parcial: la prestació va dirigida a les persones que no assoleixen l'índex de la renda de suficiència de Catalunya. D'entrada, els beneficiaris cobrarien el 85% de la renda de suficiència (564 euros) i s'aniria desplegant a poc a poc fins a arribar al 100% el 2020. 
Per als impulsors de la ILP, és el dret social "més important" aconseguit els últims anys, un "consens de país" gairebé sense precedents. En una roda de premsa posterior a la signatura, la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, i el portaveu de la comissió promotora de la ILP, Diosdado Toledano, han celebrat que l'acord sigui tan transversal, ja que inclou 76 entitats, sindicats, 52 ajuntaments, i partits polítics, com CSQP, PSC, ERC i la CUP. Segons han dit, la renda garantida permetrà que els més vulnerables siguin ciutadans "amb plens drets". 
El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) gestionarà la prestació, que es reconeixerà com un dret subjectiu a partir dels 23 anys, després d'un període de residència de dos o tres anys a Catalunya, després d'haver esgotat totes les prestacions possibles (com l'atur) i tenint en compte que si una persona no es coresponsabilitza amb el pla d'inserció laboral perdrà 150 euros del pagament. 
Esculls que s'han salvat
La compatibilitat entre renda garantida i sous de contractes a temps parcial era l’escull que fins durant els últims mesos ha separat les entitats impulsores i el Govern en la negociació. Finalment, l’executiu s’ha avingut a facilitar la compatibilitat a les llars monoparentals i a generalitzar-la en un futur que, de moment, no es concreta.
Així doncs, podran accedir a la renda garantida les persones que tinguin més de 23 anys i amb dos anys com a mínim de residència a Catalunya, que hagin esgotat totes les ajudes possibles i que, a banda d'un habitatge, no tinguin cap altra propietat. Això vol dir que, finalment, la podran cobrar aquelles persones amb un contracte temporal de menys de 664 euros.
El primer membre de la família que ho demani percebrà 550 euros al setembre; el segon, 225 euros, i fins a 75 euros per a cada fill, amb un màxim de tres. Aquestes quantitats, però, aniran augmentant a mesura que passi el temps, fins que el 2020 una llar podrà cobrar fins a 1.200 euros. Ara bé, si les persones que reben l'ajuda rebutgen una oferta laboral, deixaran de cobrar la prestació.